Las compañías optarían a una rebaja de entre el 5% y el 10% en el pago de cotizaciones por contingencias profesionales

El Gobierno ha hecho públicas las bases del futuro proyecto de Real Decreto que desarrolla la denominada Ley de Mutuas, para mejorar los incentivos que perciben las empresas con unos índices de siniestralidad inferiores a los que se fijen anualmente.

El objetivo de esta regulación es simplificar el proceso de solicitud para las compañías, así como agilizar el reconocimiento y el abono de las primas. Para ello, se contempla eximir a la empresa de entregar documentación que ya obre en poder de la Administración, evitando así cargas administrativas. También se busca fijar un plazo cerrado para emitir la primera resolución del expediente.

Entre las novedades se plantea también eliminar la obligación de haber realizado inversiones en instalaciones y procesos en materia de prevención de riesgos laborales. Tampoco será necesario presentar una auto declaración firmada sobre la realización de actividades preventivas. El nuevo proceso centrará su atención en la medición de resultados, ganando así en objetividad. Se busca una disminución real de la siniestralidad laboral.

Cuantía

Se plantea reducir un 5% el importe de las cuotas por contingencias profesionales en el primer año de observación y el 10% en los años siguientes. Los periodos de observación en los que la empresa tiene derecho al descuento deben ser consecutivos.

La financiación de esta medida seguirá vinculada a un máximo del 5% del saldo del Fondo de contingencias profesionales, lo que para 2015 eleva el límite de gasto a los 267,7 millones de euros.

Sin embargo, se estima que estas bonificaciones podrían ascender hasta 300 millones de euros en 2016 frente a los 30 millones que se destinan actualmente.

Requisitos de acceso

Podrán beneficiarse de las reducciones fiscales por baja siniestralidad laboral todas las empresas que coticen por contingencias profesionales que no hayan rebasado los límites que se establezcan en cuanto a siniestralidad laboral general y extrema.

Estos límites se fijarán en función de las circunstancias propias de cada actividad económica, promoviendo el acceso a este incentivo a aquellas actividades con mayor riesgo. El objetivo es mejorar la prevención allí donde sea más necesaria.

Así, las empresas no podrán rebasar los índices de siniestralidad general ni de siniestralidad extrema, aunque quedan excluidos del cómputo aquellos accidentes que ocurren in itinere – en el trayecto hacia o desde el trabajo -.

Las compañías beneficiarias deben estar al corriente de pago y no haber sido sancionadas en materia de prevención de riesgos o de Seguridad Social por infracciones graves o muy graves. Sin embargo, en el caso de las infracciones graves, solo se tomarán en cuenta si han sido reiteradas – más de dos de forma generalizada -.

Los sindicatos han considerado que esta medida no servirá para que disminuyan los accidentes laborales sino que incentivará que estos no sean declarados. Han criticado, además, que no se hayan publicado los resultados del actual sistema y lo han calificado de «un premio por cumplir con la Ley en materia de prevención de riesgos laborales».

Fuentes: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elEconomista