En el año 2005 se produjo un accidente laboral debido a una explosión en una planta depuradora de agua. Un trabajador resultó herido, con graves quemaduras en su cuerpo. La víctima trabajaba como montador electricista.

En el momento del accidente, desconectó un disyuntor de un cuadro eléctrico, lo que provocó la explosión.

El trabajador sufrió quemaduras de 2º y 3er grado en el 60% de su cuerpo, por lo que estuvo 75 días ingresado y fue operado hasta en cinco ocasiones. A día de hoy sufre importantes secuelas, con una reducción de la movilidad de entre el 30 y 40% en los dedos de ambas manos, y no ha podido volver a trabajar.

Como responsables, tres acusados que ocupaban puestos de responsabilidad en el control de esa planta. La sentencia condena a los acusados a ocho meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia.

Además, dicta seis meses de inhabilitación para el ejercicio de la condición de encargado de personal más el pago de las costas procesales.

Considera que los acusados no se habían preocupado de proveer al trabajador de los equipos de trabajo necesarios. Según el fallo, el electricista realizó ese encargo “desprovisto de cualquier EPI que garantizara su integridad física”. La empresa adquirió uniformes ignífugos después del accidente.

En cuanto a las responsabilidades, la sentencia considera al director de producción como encargado de facilitar a los trabajadores los equipamientos en materia de seguridad laboral. Destaca además que conocía la evaluación de riesgos realizada por una entidad externa y en la que se especificaba la necesidad de que en los trabajos eléctricos se utilizaran los elementos de protección individual necesarios.

Los otros dos acusados son el jefe de producción y el encargado de la planta depuradora, Estos sostienen que la orden dada al trabajador, que había sido designado para acompañar a operarios de otra empresa en el mantenimiento y reparación de un arrancador de bomba, no conllevaba que manipulara nada. Aludieron también a la formación del afectado para demostrar su falta de culpabilidad.

Con información de La Voz de Lanzarote